Desde el 12 de agosto de 2026 se aplican en la UE nuevas normas sobre envases y residuos de envases, con requisitos sobre su fabricación y composición para reducir su impacto ambiental y favorecer su reutilización o recuperación. La normativa establece que todos los envases deberán ser reciclables en 2030 y fija objetivos crecientes de contenido reciclado para los envases de plástico.

Las medidas también contemplan un etiquetado más claro, la reducción de envases innecesarios y del espacio vacío en los envíos, el impulso de sistemas de depósito y devolución y mayores opciones de reutilización y recarga. A partir de 2030 se prohibirán determinados envases de un solo uso cuando existan alternativas más sostenibles y se restringirán sustancias PFAS en envases alimentarios.

La ULPGC participará en cuatro proyectos europeos centrados en sostenibilidad, educación, resiliencia climática y energía en territorios insulares de Maldivas, Mauricio, Cabo Verde y Malta. Las iniciativas, financiadas por Erasmus+ y Horizon Europe–WIDERA, movilizarán 3,75 millones de euros y combinarán investigación, formación, transferencia de conocimiento y cooperación internacional para desarrollar soluciones aplicables a otros territorios insulares.

Entre los proyectos destaca ISLANDERS, que estudiará el consumo eléctrico mediante datos de dispositivos y contadores inteligentes, con pruebas en Malta y Gran Canaria. PRO CLIMA promoverá la educación climática y la biodiversidad en las universidades de Maldivas; SMART-HE adaptará la formación de Mauricio a la economía verde y azul; y DJUNTA reforzará la enseñanza para la sostenibilidad en universidades de Cabo Verde mediante formación y laboratorios vivos.

El Gobierno de Canarias tiene previsto poner en marcha, el próximo mes de septiembre, la Estrategia del Dato Administrativo, cuyos ejes y objetivos ya han sido aprobados en la Comisión de Transformación Digital del Gobierno de Canarias.

Una vez que, en fechas próximas, tenga el visto bueno del Consejo de Gobierno, se implementará la infraestructura de soporte necesaria a través de una Oficina de Apoyo a los Departamentos del Gobierno de Canarias que cuenta con Unidades del Dato coordinadas y ajustadas al modelo de gobernanza diseñado en la propia estrategia.

La implantación de un modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos en la Comunidad Autónoma de Canarias es una prioridad para garantizar la calidad, interoperabilidad, seguridad y reutilización de la información administrativa.

Utilizar los datos de forma correcta y eficiente en la administración es un objetivo que tiene consecuencias muy positivas para la ciudadanía. En primer lugar, permite agilizar procesos administrativos y hacerlos más eficientes, facilita la simplificación, reduce duplicidades y mejora la coordinación entre departamentos. De esta manera, una vez que le pedimos un dato al administrado (su nombre, dirección o teléfono), lo tenemos a disposición para pedirle aclaraciones sobre su expediente, ofrecerle nuevos servicios o, sencillamente, no volvérselo a pedir cuando vuelva a dirigirse al Gobierno de Canarias.

Pero, por otro lado, los datos le permiten al Gobierno de Canarias tomar decisiones basadas en información actualizada para definir políticas públicas, asignar presupuestos y desarrollar iniciativas. Permite que los responsables públicos se adelanten a necesidades que van surgiendo y a los retos a los que se enfrenten.

Precisamente, el uso eficiente de datos acorta tiempos de espera; son vitales para aplicar herramientas tecnológicas innovadoras como inteligencia artificial, robotización o geolocalización de expedientes con la consecuente optimización y priorización de servicios. Asimismo, posibilita ofrecer servicios proactivos, aquellos en los que la persona desconoce que tiene derecho a una prestación y puede recibirla a iniciativa de la propia administración.

Los datos permiten además contar con una administración más transparente, dado que una gran parte de ellos, los no personales, pueden publicarse y servir para que los propios ciudadanos y las empresas mejoren los servicios que prestan o aumenten su accesibilidad. La relevancia del dato es, además, medible. Así, se estima que hoy en día la economía del dato aporta en torno al 3,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) español y el 8 % del europeo.

Acorde a un estudio publicado en Science Advances y un segundo en Nature Climate Change, con participación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB), el aumento del nivel del mar provocado por la actividad humana ya es detectable en el 97 % de los 519 mareógrafos analizados y se ha convertido en un factor determinante del incremento de los episodios extremos y las inundaciones costeras.

Estos estudios señalan que entre el 44 % y el 65 % de estos fenómenos registrados entre 2000 y 2018 son atribuibles al cambio climático, con una estimación central del 58 %, mientras que su frecuencia casi se ha triplicado desde la década de 1970.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado un programa para avanzar progresivamente hacia el tratamiento del 100% de la materia orgánica generada en la isla, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la economía circular. La estrategia contempla más de 75 millones de euros para nuevas infraestructuras y actuaciones que permitan evitar que estos residuos terminen en vertedero.

El plan también incluye apoyo a los municipios para ampliar la recogida selectiva de biorresiduos, con la adquisición inicial de 691 nuevos contenedores y una inversión cercana a 222.000 euros. La iniciativa busca adaptar el sistema de gestión de residuos a los objetivos europeos y mejorar la recuperación de recursos.

Cuba ha aprobado nuevas medidas para impulsar las energías renovables y facilitar la inversión en este ámbito ante la grave crisis energética que atraviesa el país.

La Resolución 180/2026 elimina los impuestos aduaneros para la importación de sistemas fotovoltaicos y otros equipos, como calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores y cargadores para vehículos eléctricos alimentados con renovables. También contempla beneficios fiscales para inversiones destinadas a centros sanitarios, viviendas y sistemas de bombeo de agua.

La alianza entre Iberdrola y BP Pulse ha asegurado una financiación inicial de 130 millones de euros, ampliable hasta 230 millones, con el objetivo de acelerar el despliegue de su infraestructura de recarga pública de alta potencia para vehículos eléctricos en España y Portugal. 

La compañía, cuya red ya supera los 2.500 puntos de recarga operativos en menos de 3 años, destinará esta inversión a ampliar la cobertura en corredores estratégicos para turismos y transporte pesado. Toda la energía suministrada procederá de fuentes 100 % renovables con garantía de origen, reforzando el impulso a la movilidad eléctrica y a la descarbonización del transporte.

La Comisión Europea ha aprobado la ampliación del régimen de ayudas destinado a la industria electrointensiva en España, elevando su presupuesto hasta los 446 millones de euros y extendiendo su vigencia hasta 2028. La medida permitirá compensar nuevos conceptos de la factura eléctrica, incluida la contribución al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, con el objetivo de reducir los costes energéticos de los sectores más expuestos a la competencia internacional.

Bruselas considera que estas ayudas contribuirán a evitar la deslocalización industrial, preservar el empleo y favorecer la transición hacia una industria más sostenible y competitiva. Tras evaluar el programa, la Comisión concluyó que cumple la normativa europea sobre ayudas estatales y que sus beneficios para la competitividad y la descarbonización superan los posibles efectos sobre la competencia.