La Fiscalía sólo actuará por la vía penal en los casos de fraude por la venta de preferentes cuando existan indicios de que su comercialización fue estructuralmente engañosa, debido a la manipulación de los resultados de la entidad, o si se dan indicios de comercialización fraudulenta al cliente particular.

   Según refleja en su Memoria del año 2012 la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, consciente de la necesidad de unificar su actuación en todo el territorio nacional, ha acordado el ejercicio de acciones penales tanto cuando el producto emitido fuera estructuralmente engañoso, en cuyo caso podría ser delictivo debido a que su rentabilidad estuviera asociada a los beneficios de la entidad y éstos hubieran sido simulados, ocultando las pérdidas o cuando se hubiera comercializado "aprovechándose de la situación del cliente, como pudiera ser en supuestos de menores, incapaces o personas con una manifiesta falta de instrucción".