El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, quien impuso una sanción de 6.000 euros a Cajas Rurales Unidas SCC por la comisión de una infracción administrativa en materia de defensa del consumidor de la legislación en materia de consumidores y usuarios de Canarias.

Consumo, que depende de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, consideraba que la entidad había cometido una "infracción grave" por incluir en los acuerdos con los clientes un interés que ascendía por concepto de liquidación de interés en la modalidad de pago aplazado del 1,45% mensual y en el pago de demora del 2,08% mensual, lo que transformado al interés anual asciende hasta el 17,4% y 25% respectivamente.