Los consumidores españoles en su conjunto tienen contratada con las distribuidoras eléctricas una potencia de 175.000 MW cuando la capacidad instalada que tiene el propio sistema es de 108.000 MW, según datos de REE. A esta diferencia de 67.000 MW inútilmente contratada se une además el hecho de que la punta máxima que los clientes usaron el año pasado año fue de unos 37.000 MW máximo (la punta de ayer fue de 35.000 MW y el máximo histórico, registrado en 2007, no superó los 45.500 MW), lo cual demuestra que los ciudadanos están pagando por 138.000 MW que no han aprovechado nunca, lo que se traduce en un gasto para los usuarios muy superior a los 7.000 millones de euros anuales, que son ingresados por el sistema eléctrico.
 
Hasta hace pocos años, el tener una potencia contratada superior a la necesaria tenía una importancia relativa, pues el término fijo de la factura no era demasiado costoso. Pero la situación cambió sustancialmente cuando a raíz de la reforma eléctrica aprobada por el actual Gobierno en el verano de 2013, el término fijo se revisó por dos veces (en agosto de ese año y enero de 2014) hasta acumular una subida del 92% para los consumidores domésticos y del 145% para los industriales. Una decisión muy criticada en su momento por desincentivar el ahorro de energía y perjudicar en términos relativos a los clientes de menor gasto frente a los grandes consumidores.