El Gobierno canario estudiará la posibilidad de exigir un sello de buenas prácticas a los bancos con los que contrate servicios, ya sean cuentas o préstamos. La propuesta parte del diputado del PSOE Gustavo Matos, quien defiende que la ley canaria de protección de los consumidores permite exigir este código a las entidades financieras y sancionar a las que apliquen cláusulas abusivas a sus clientes.
 
Así lo expuso Matos esta semana en el pleno del Parlamento autonómico, y en el que que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, indicó que “el margen de maniobra” del Gobierno regional para este código de buenas prácticas “es extraordinariamente reducido”.
 
Pero, posteriormente, tras la argumentación de Matos, le dio la razón en cuanto a la protección de los consumidores si bien mantuvo mantuvo sus dudas sobre que se pueda utilizar como penalización en los concursos del Ejecutivo autonómico, pues se rigen por la ley de contratos del sector público “y ahí la Comunidad Autónoma tiene el ámbito de actuar muy restringido”.