La Comisión Europea ha dado a España y a otros ocho países de la Unión Europea un ultimátum para que apliquen correctamente en el plazo de dos meses la directiva comunitaria sobre hipotecas, puesto que considera que no han integrado "plenamente" estas normas a sus legislaciones nacionales.
 
El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, en el que se advierte de que si el Gobierno español no responde satisfactoriamente a las medidas exigidas en el plazo de dos meses, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
 
La directiva sobre crédito hipotecario fue adoptada en febrero de 2014 y su objetivo es mejorar la protección de los consumidores mediante la introducción de "prácticas responsables de préstamo", ha explicado el Ejecutivo comunitario. Los Estados miembro disponían hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponerla a sus marcos legislativos. Dado que no se respetó ese plazo, se enviaron cartas de emplazamiento en mayo de 2016.