Prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia de compra pública verde y la mayoría incluyen cada vez más aspectos sociales. Son ejemplos destacables la Ley sobre compra pública responsable del Reino Unido (Social Value Act) o el compromiso de Holanda de incluir los aspectos sociales y ambientales en el 100% de sus compras.

En nuestro país, los últimos años estamos viendo avances en cuanto a la integración de criterios sociales y ambientales en las compras públicas, a nivel local, regional y nacional. En este último ámbito, si repasamos el histórico, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público incluía ya expresamente la incorporación de cláusulas sociales.