Francia ha aprobado una ley relacionada con el deber de vigilancia de las sociedades matrices, que obliga a las grandes empresas a supervisar que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente en la producción interna y subcontratada. Para ello, deberán analizar los efectos negativos que tanto sus actividades como las de sus proveedores y subcontratas, provoquen a personas y medio ambiente.

Igualmente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para que la Comisión Europea siga el ejemplo de Francia e impulse una propuesta que exija a las empresas la inclusión de un sistema de vigilancia que abarque toda su cadena de producción.