Seis meses después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, sus efectos han sido mínimos y han dejado a todas las partes insatisfechas. Los bancos recibieron una nueva oleada de reclamaciones tras la entrada en vigor de la norma, que además les obligaba a implantar departamentos especializados de atención y mecanismos de información; los bufetes de abogados vieron cómo peligraba una lucrativa fuente de ingresos y los juzgados siguen colapsados con pleitos, porque los afectados por las cláusulas suelo no obtuvieron una respuesta satisfactoria a sus reclamaciones o no deseaban esperar más para llegar a una solución.