Bruselas se pertrecha para abrir un nuevo frente contra las grandes multinacionales tras su ofensiva contra la elusión fiscal. La batalla apunta esta vez contra la llamada obsolescencia programada, una práctica ilegal utilizada por algunas compañías para precipitar la inutilidad de sus productos y forzar a los consumidores a adquirir otros nuevos.

Las alarmas han sonado en primer lugar en Francia, donde las autoridades de protección al consumidor han iniciado una investigación contra Apple y Epson. La asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP) acusa a la primera de aprovechar la actualización de sus sistemas operativos para ralentizar el funcionamiento de las versiones más antiguas de su popular iPhone y así potenciar las ventas de los modelos más recientes. A la segunda, la acusa de programar la obsolescencia de los cartuchos de tinta de sus impresoras para que sean inservibles antes de que se les agote el producto.