Uno de los aspectos más criticados en esta propuesta de ley hipotecaria del Gobierno –que aún debe pasar el filtro de las enmiendas–, es que fija el interés máximo de demora en tres veces el legal del dinero. El último dato de este índice se sitúa en el 3%, lo que significa que el interés que podría cobrar el banco al cliente por retrasarse en el pago de sus cuotas se elevaría al 9%.

Esta criterio contradice la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, que indicó que el máximo que se podía cobrar el interés de demora equivale a dos puntos el interés ordinario, es decir, dos veces el tipo fijado en el contrato de cada hipotecado.

Según los cálculos de Adicae en base a los 656.000 millones de euros en hipotecas que había en 2017, si tenemos en cuenta que la mora media actual es del 5,5%, actualmente se estarían pagando unos 1.407 millones al año. Con la nueva legislación, la cifra ascendería a los 3.247 millones, 1.840 millones de euros más.