La escasa adaptación a la era digital de la normativa canaria en materia de consumo ha provocado un auténtico desplome de las reclamaciones presentadas ante el Gobierno autonómico desde que se iniciaron el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de los españoles para frenar el avance de la epidemia de Covid-19. Las quejas presentadas durante estos alrededor de cuarenta días se sitúan en solo "trece o catorce", cuando la media mensual suele oscilar entre las 70 y 80, según revela el director general de Comercio y Consumo, David Mille.