El Ministerio de Consumo quiere erradicar los teléfonos de tarificación adicional que supongan un coste adicional para el consumidor, como los 902, y prepara una modificación de la ley con el fin de prohibir su uso por parte de los servicios de atención teléfonica de las empresas. Fuentes de Consumo argumentan que este servicio no puede «ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas» y creen que ofrecer una solución es cuestión de «justicia social». Esta situación se habría «agravado» durante la pandemia del coronavirus por las «restricciones de aforo, movilidad y presencialidad», según explican desde el Gobierno.