El Gobierno ha dado el primer paso para crear en España una nueva autoridad independiente que sirva de defensor del cliente financiero, especialmente bancario pero también referente a la inversión o a los seguros. El organismo, que nace con el objetivo de aliviar a los juzgados de la litigiosidad de las malas prácticas en las entidades, podrá incluir sanciones de hasta el 5% de los ingresos del grupo sancionado, según figura en el anteproyecto de ley que se encuentra en fase de información pública.