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El Gobierno ha acordado recientemente abrir a audiencia pública el proyecto normativo para mejorar la transparencia de las empresas sobre criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Se trata de una transposición de la normativa europea que amplía el ámbito de aplicación a todas las empresas cotizadas, incluyendo las entidades financieras, aunque establece un régimen simplificado para las pymes y excluye de estas obligaciones a las micropymes.