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El Comité de Asuntos Legales ha concordado en integrar como nuevas normas los derechos humanos y el impacto medioambiental dentro de la gobernanza de las compañías, de forma que las empresas estarían obligadas a identificar y, cuando sea necesario, prevenir, acabar o mitigar el impacto negativo de sus actividades, incluidas las de sus socios comerciales.

Así, la Directiva sobre la diligencia debida establece normas sobre las obligaciones que incumben a las grandes empresas en relación con los efectos adversos, reales y potenciales, para los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias operaciones, de las operaciones de sus filiales y de las operaciones efectuadas por sus socios comerciales. Asimismo, establece normas sobre sanciones y la responsabilidad civil en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Por último, establece obligaciones para que las empresas adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París.