Pese a que los derechos de los consumidores están protegidos en España por la Constitución de 1978, que en su artículo 51 señala que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos", la realidad es muchas veces bien distinta a lo que se recoge en la Carta Magna.