Recientemente, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) ha pasado su último trámite formal y ha sido aprobada por el consejo de competitividad del Consejo de la Unión Europea, lo que supone un hito en la protección de los derechos humanos y medio ambientales y un avance histórico en las obligaciones de las empresas en estos ámbitos, puesto que las obliga a tomar medidas concretas que identifiquen, prevengan y mitiguen violaciones de derechos humanos o daños ambientales. 

Así, la nueva Directiva se aplicará a las empresas establecidas en la UE con más de 1.000 personas empleadas y más de 450 millones de euros de facturación neta anual, así como a empresas no establecidas en la UE y que facturen más de 450 millones de euros en la UE.