El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

Estos nuevos expedientes sancionadores tienen su origen en la investigación que se puso en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado mes de diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler. Los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas empresas estarían ocasionando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada».