La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluirá específicamente que los potenciales gastos de gestión deban incluirse en el precio final, con el objetivo de poner así a "la práctica habitual que encuentran los consumidores", según fuentes del Ministerio de Consumo.

En concreto, la Ley reflejará que las empresas deben incluir en el precio de compra "el precio final completo, incluido los impuestos, desglosando en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario".