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A partir de junio de 2025 entra en vigor en España el Real Decreto 214/2025, que obliga a empresas, universidades, administraciones públicas y otros organismos que presenten información no financiera a medir, registrar y reducir su huella de carbono. Esta normativa busca alinear al país con los objetivos climáticos europeos, como lograr cero emisiones netas para 2050.

El decreto exige calcular las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar planes de reducción. Las PYMES quedan exentas, aunque pueden participar de forma voluntaria.

Más allá de la obligación legal, esta práctica se presenta como una oportunidad estratégica para las empresas: mejora la transparencia, atrae inversión y refuerza la sostenibilidad corporativa.