A partir de junio de 2025, entra en vigor en España el Real Decreto 214/2025, que obliga a empresas y entidades sujetas a información no financiera (como administraciones públicas y universidades) a medir, registrar y reducir su huella de carbono. La normativa establece la creación de un registro oficial de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas para 2050, en línea con las directivas europeas CSRD y CSDDD.

Las PYMES no están obligadas, aunque pueden adherirse voluntariamente, lo que puede mejorar su transparencia y acceso a subvenciones.

De esta forma, medir la huella de carbono no se convierte solo en una exigencia legal, sino también en una herramienta estratégica para identificar riesgos, mejorar la sostenibilidad y atraer inversión y talento.