Desde el pasado 20 de junio, comprar un teléfono móvil o un tablet en España implica encontrarse con una novedad: una etiqueta energética similar a la que ya conocemos en frigoríficos o lavadoras. Esta medida, derivada de las normativas europeas 2023/1669 y 2023/1670, pretende que los consumidores dispongan de información clara sobre aspectos hasta ahora ocultos de estos dispositivos.

La nueva regulación responde a una realidad preocupante: el crecimiento exponencial de los residuos electrónicos y la vida útil cada vez más corta de los dispositivos tecnológicos. Según datos de la Unión Europea, cada año se generan más de 12 millones de toneladas de residuos electrónicos, una cifra que no deja de aumentar.