A partir de agosto, Airbnb comenzará a retirar de su plataforma todos los anuncios de viviendas turísticas que no cuenten con el número de registro legal exigido por la normativa española. 

La medida responde a un acuerdo alcanzado entre la compañía y el Ministerio de Vivienda, en el marco de una estrategia más amplia para frenar el alquiler vacacional irregular.

Los anfitriones que no incorporen esta información en sus anuncios recibirán una notificación y contarán con un plazo de 10 días hábiles para corregir las irregularidades.