Hoteles, campings, hostales, caravanas, pisos turísticos… el verano ya ha llegado y quienes pueden permitirse unos días de descanso salen de sus localidades de residencia rumbo a un destino nacional o internacional, teniendo que elegir entre estas u otras opciones de alojamiento

Los alquileres turísticos se han incrementado exponencialmente en los últimos años, lo que ha repercutido negativamente en el derecho a la vivienda en muchas ciudades: provocan la subida desmedida de los precios de los alquileres, expulsan a la población trabajadora de los barrios, en algunos casos, generan problemas de convivencia en comunidades de vecinos.  

Pero más allá de esos impactos, que desde CECU hemos denunciado en diversas ocasiones, dedicamos este artículo a informar de los derechos que asisten a aquellas personas que opten por contratar este tipo de alojamientos.

¿Qué es un alquiler turístico?  

Se trata del alquiler de una vivienda amueblada y equipada para ser utilizada de forma inmediata, por parte de personas que visitan temporalmente una ciudad. Se diferencian del alquiler de vivienda habitual o de temporada por su corta duración y porque suelen contratarse a través de grandes plataformas online, quedando fuera del ámbito de aplicación de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).  

¿Significa esto que no se someten a ninguna Ley? 

Aunque no se les aplica la LAU, se someten en primer lugar a la regulación específica de las comunidades autónomas o ayuntamientos. Así, los propietarios de las viviendas que quieran destinar a uso turístico deberán solicitar los trámites necesarios de comercialización ante sus comunidades autónomas o ayuntamientos, que son los órganos competentes para regular y supervisar este mercado otorgándoles un número de licencia. 

 Recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instó a Airbnb a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.  Muchos de estos anuncios no incluían este número de licencia o registro obligatorio, o no se correspondían con los expedidos por las autoridades.

Además, es importante saber que si el arrendador es un profesional y el inquilino es una persona consumidora, resultará de aplicación lo dispuesto en la legislación de consumo. En este sentido, el Ministerio de Consumo también abrió un expediente sancionador a algunas de las grandes gestoras de pisos turísticos por no informar de este dato a las personas inquilinas, que no sabían qué derechos le asistían en su relación contractual.

Desde CECU apoyamos las medidas adoptadas por el ministerio contra la publicidad ilegal de pisos turísticos dadas las consecuencias negativas de estas prácticas para las personas consumidoras. Gracias a esta actuación, hemos visto cómo Booking ha retirado más de 4.000 anuncios ilícitos de alojamientos turísticos, la mayoría ubicados en las Islas Canarias. 

¿Quién es responsable de los posibles problemas en un alquiler turístico? 

Si contratamos el alojamiento a través de una plataforma como Airbnb o Booking, estas deben asumir una serie de responsabilidades adicionales, más allá de las que tiene el propietario del piso, tal y como veremos a continuación. 

¿Qué derechos asisten a las personas consumidoras que se alojan en estos pisos turísticos? 

Como decíamos, si quien contrata es una persona consumidora que paga por un servicio de alojamiento a un profesional, tiene una serie de derechos que van desde el momento previo a la contratación hasta el fin de su estancia. Los principales son:  

• Derecho a información previa. La plataforma que anuncia el alojamiento debe proporcionar una descripción precisa y detallada de este, incluyendo fotos y las características principales tales como el mobiliario existente o la distancia al centro o a la playa, por ejemplo. Si al llegar al alojamiento se comprueba que no cumple con lo anunciado, se podrá reclamar la devolución del precio, o una reducción de este.
• Derecho a un piso limpio. Aunque parezca obvio, no está de más recordar que el lugar tiene que cumplir con una serie de características de salubridad e higiene que, en caso de no darse, también permitirán al inquilino solicitar la resolución del contrato o la devolución del precio. 
• Derecho a una indemnización en caso de cancelación de la reserva. Igual que sucede en un hotel, si el anfitrión cancela la reserva, deberá indemnizar debidamente a la persona consumidora. Si es esta quien cancela, se aplicará lo establecido en la política de cancelación de la plataforma, salvo en casos de fuerza mayor (por ejemplo, una hospitalización). 
• Derecho a una comunicación fluida. La plataforma debe disponer de un servicio de atención al cliente efectivo, que permita resolver de forma rápida cualquier inconveniente que pueda surgir durante la estancia. 
• Derecho a un tratamiento adecuado de los datos personales. Según lo dispuesto en la normativa en cuanto al registro de huéspedes, la plataforma debe requerir una serie de datos a las personas inquilinas, que puede solicitarle la policía por motivos de seguridad, puesto que, en caso contrario, se les podría imponer una sanción. No obstante, es importante saber que no pueden requerir una fotocopia o fotografía de nuestro documento de identidad, sino que únicamente podrán pedirlo para constatar que la información facilitada es cierta. En este sentido, son habituales las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos para aquellos que incumplen esto. 
• Derecho a reclamar. Ante cualquier incumplimiento, el consumidor puede iniciar un procedimiento de reclamación que, en último término, puede terminar en el juzgado. Si se reclama por una cantidad inferior a 2.000 euros, no tendrás que pagar abogado ni procurador.