Según las últimas informaciones publicadas desde el Gobierno, la compra pública en España priorizará productos y servicios con huella de carbono nula o reducida, incorporando obligaciones e incentivos en las licitaciones para impulsar un modelo de consumo sostenible. El objetivo es que el sector público actúe como motor de la demanda verde y acelere la transición ecológica.

De esta forma, se subraya la relación positiva entre sostenibilidad, competitividad e inversión extranjera y la importancia de impulsar la descarbonización de sectores difíciles como transporte o cemento.