El derecho de consumo ha evolucionado en las últimas décadas con el objetivo de adaptarse a un mercado cada vez más complejo y digitalizado. En este contexto, surge una categoría especialmente relevante: la del consumidor vulnerable. Aunque todos los consumidores merecen protección frente a prácticas abusivas, existen colectivos que, por su edad, nivel de información, situación económica o limitaciones tecnológicas, requieren un amparo reforzado para garantizar la igualdad real en el acceso a bienes y servicios.