Desde el próximo enero de 2026, las entidades financieras deberán informar con mayor frecuencia y detalle a la Agencia Tributaria sobre cuentas bancarias, movimientos en efectivo, y operaciones realizadas con tarjetas y plataformas de pago como Bizum. El foco se centra especialmente en quienes usan estos sistemas como forma habitual de cobro: autónomos, profesionales y empresas, pero también aumenta el control sobre los pagos de los particulares.