El Gobierno ha puesto el foco en el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada, a través de un acuerdo alcanzado con diversas formaciones parlamentarias. Uno de los puntos de mayor impacto es el que afecta a los alquileres de habitaciones, que según esta normativa pasarían a tener el precio regulado. Esto significa que la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas y además los inquilinos quedan protegidas con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.