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La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional para suavizar las normas de sostenibilidad y diligencia debida empresarial, con el objetivo de reducir la carga administrativa y reforzar la competitividad económica, especialmente de las pymes. El pacto eleva significativamente los umbrales que obligan a las empresas a informar en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG): solo estarán obligadas las compañías con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros, frente a los 250 trabajadores exigidos hasta ahora.

Aunque las instituciones defienden que la reforma mantiene los objetivos climáticos a largo plazo con un enfoque más proporcional, organizaciones sociales y ecologistas advierten de una pérdida de transparencia y control.