El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para detectar y retirar anuncios de viviendas en alquiler situadas en zonas declaradas tensionadas que se estarían ofertando a precios superiores a los establecidos legalmente para grandes tenedores, o que no incorporan la información obligatoria sobre el precio del último contrato de arrendamiento en el caso de particulares. Estas conductas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo, al ser consideradas prácticas desleales por engañosas, y dar lugar a la imposición de sanciones.