La transformación digital del sector financiero no es una mera evolución tecnológica, sino un cambio estructural que ha alterado profundamente la forma en que los consumidores toman decisiones económicas con consecuencias jurídicas de enorme alcance. Sin embargo, el Derecho del Consumo continúa anclado en una concepción formalista de la protección del consumidor financiero que resulta claramente insuficiente para responder a los riesgos reales de la banca digital. El problema no es la falta de normas, sino la persistencia de una ficción jurídica: la de que el consumidor comprende lo que contrata simplemente porque ha tenido acceso a la información.