La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe que subraya el papel crucial de la Infraestructura de la Calidad (IC) —metrología, normalización y acreditación— para mejorar los marcos regulatorios. Según el organismo, la integración de estos servicios técnicos en las políticas públicas permite a los gobiernos simplificar la burocracia sin sacrificar la seguridad. Al confiar en organismos de evaluación acreditados e imparciales, la Administración puede reducir su carga de supervisión directa, facilitando que las empresas demuestren el cumplimiento de requisitos ambientales, de salud o seguridad de forma más ágil y eficiente.

En sintonía con estas recomendaciones, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha lanzado un documento práctico dirigido a las administraciones públicas españolas. El texto explica cómo la acreditación funciona como una herramienta de apoyo para la "simplificación administrativa", permitiendo que reglamentaciones complejas en sectores como la ciberseguridad, la sostenibilidad o la eficiencia energética se gestionen de manera más flexible. Este modelo no solo fomenta la competitividad y la innovación al evitar duplicidades en los controles, sino que también refuerza la confianza del mercado y facilita el comercio internacional mediante el reconocimiento mutuo de estándares.