La normativa alimentaria en España ha experimentado una transformación significativa tras la entrada en vigor, el pasado 1 de marzo, del Real Decreto 142/2026. Esta regulación, publicada originalmente el 25 de febrero, deroga y modifica diversas normas con el objetivo de reforzar la trazabilidad y garantizar una transparencia total sobre el contenido de los productos que integran la cesta de la compra.

La nueva legislación, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, obliga a las empresas a informar de manera exacta sobre los ingredientes y procesos de elaboración.