Cuando un electrodoméstico relativamente nuevo deja de funcionar, la reacción lógica es intentar repararlo antes que sustituirlo. La legislación española respalda esa decisión y amplía las obligaciones de los fabricantes para que el consumidor no quede desprotegido. El objetivo es claro: fomentar la reparación frente a la sustitución, reducir residuos y asegurar que los productos tengan una vida útil más larga.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dedica su artículo 127 a regular la garantía comercial. La norma establece que toda garantía comercial es vinculante, lo que significa que el fabricante debe cumplir exactamente lo que promete, ya sea en el documento de garantía o en la publicidad que acompaña al producto.