El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, está decidido a regular el etiquetado accesible, de tal manera que prevé obligar a las grandes superficies a ofrecer etiquetas en braille para alimentos, cosméticos y detergentes. Así se desprende del nuevo proyecto de real decreto que ha subido al sistema europeo de control de reglamentaciones técnicas, un texto que, si bien mantiene la naturaleza de la primera propuesta, rebaja algunas cuestiones después de que Estados miembros y la propia Comisión alertara de posibles incompatibilidades con las reglas del mercado interior.