Un informe de Greenpeace sitúa a España como el país peor valorado entre siete Estados europeos en su evaluación sobre la respuesta a la crisis energética, al considerar que el peso de las ayudas vinculadas a los combustibles fósiles ha neutralizado buena parte de los avances logrados en la transición energética.

La organización reconoce medidas positivas como el impulso al autoconsumo, las energías renovables, la movilidad eléctrica, las comunidades energéticas y la rehabilitación de edificios, pero sostiene que estas no compensan el impacto de las subvenciones y rebajas fiscales de carácter general.

El estudio defiende que las futuras políticas energéticas deben centrarse en inversiones estructurales que reduzcan la dependencia del petróleo y el gas, reforzando al mismo tiempo las ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables.