La Comisión Europea ha propuesto aplazar hasta 2030 la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento Europeo del Metano para los importadores de petróleo y gas que incumplan la normativa.

La recomendación plantea suspender las penalizaciones entre 2027 y 2029 con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro energético y facilitar la adaptación de empresas y Estados miembros a las nuevas exigencias regulatorias, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.