En los últimos años, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, junto con las aclaraciones del Ministerio de Consumo, han reforzado las exigencias de transparencia en la venta de entradas. La normativa obliga a que el precio final, incluidos los gastos de gestión y cualquier otro recargo, se muestre de forma clara y desglosada antes de que el usuario confirme la compra. El objetivo es evitar que el consumidor descubra incrementos inesperados justo en el último paso del proceso de compra.