La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.

Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación.