Los ayuntamientos avanzan a distinto ritmo en la implantación de los espacios 'libres de tubos de escape' después de incumplir el plazo inicial, fijado para 2023

La implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Canarias acumula años de retraso, aunque varios municipios han dado nuevos pasos desde la última fotografía realizada por la Audiencia de Cuentas de Canarias. El informe del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, que analiza la situación administrativa de las ZBE en los diez municipios del Archipiélago de más de 50.000 habitantes, constata que ninguno había implantado su ZBE a 31 de marzo de 2025, pese a que la obligación por ley estaba fijada para 2023. Cuatro de ellos, además, La Laguna, Telde, Arona y Adeje, en ese momento ni siquiera habían iniciado los trámites para ponerlas en marcha.

El resto, por el contrario, se encontraba en diferentes fases. Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona y San Bartolomé de Tirajana tenían sus proyectos aprobados definitivamente; Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife los habían elaborado, aunque todavía pendientes de información pública; y en Santa Lucía de Tirajana continuaba en fase de elaboración.

La principal explicación aportada por los propios ayuntamientos para justificar la demora es la insuficiencia de recursos humanos, señalada en nueve de las diez corporaciones. También aparecen, en menor medida, motivos como la falta de recursos financieros, las dificultades administrativas y los retrasos de empresas contratadas.

Santa Cruz ya tiene ordenanza y Granadilla culmina su proyecto

El proyecto de Santa Cruz había recibido 1,28 millones de euros del programa estatal de ayudas para la implantación de ZBE y de hecho es uno de los municipios que ha completado una nueva fase desde el cierre de la fiscalización. Aunque en el mes de marzo de 2025, hasta donde abarca el informe de la Audiencia de Cuentas, ya tenía su proyecto de ZBE aprobado definitivamente, todavía estaba pendiente la ordenanza municipal. No obstante, el pleno de la capital tinerfeña aprobó inicialmente la norma en abril de 2026, hace unos cuatro meses, y, tras el periodo de exposición pública, la aprobó definitivamente el 24 de julio, tras incorporar 15 de las 30 alegaciones presentadas. Además, estableció que la aplicación de la ZBE será efectiva en 2029.

En Granadilla de Abona, el proyecto también estaba aprobado definitivamente cuando la Audiencia de Cuentas cerró su análisis. Desde entonces, el Ayuntamiento ha culminado la redacción del proyecto de implantación de las zonas de bajas emisiones en San Isidro, El Médano y Los Abrigos. La ejecución de estas actuaciones está prevista entre 2026 y 2028 y se integra en un proyecto que incluye además la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con una inversión aproximada de 1,2 millones de euros, aunque durante el periodo fiscalizado, Granadilla recibió además 50.276 euros del programa estatal para actuaciones relacionadas con movilidad y cambio climático.

Por otro lado, San Bartolomé de Tirajana partía también de un proyecto aprobado definitivamente. Posteriormente, el Ayuntamiento publicó el 14 de abril de 2025 su Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que establece los criterios de acceso, circulación y estacionamiento en el área delimitada. El municipio había recibido 100.434 euros en ayudas vinculadas a actuaciones de movilidad y cambio climático durante el periodo fiscalizado.

La Laguna el municipio con más avances

Uno de los cambios más destacados se ha producido en San Cristóbal de La Laguna, a priori uno de los territorios más rezagados, que aparecía entre los cuatro municipios que no habían iniciado ningún trámite a 31 de marzo de 2025. Sin embargo, el pasado mayo, el Ayuntamiento aprobó el encargo a la empresa pública Sagulpa para desarrollar técnicamente su futura ZBE. Además, el municipio no figura entre los que recibieron ayudas específicas para el establecimiento de la zona.

El trabajo contempla localizar las áreas prioritarias para mejorar la calidad del aire, analizar el origen y comportamiento de la contaminación y establecer las medidas que formarán parte del futuro proyecto. También incluye la definición de indicadores sobre calidad del aire, cambio climático, movilidad sostenible y ruido, un plan de participación ciudadana y la elaboración de la futura ordenanza reguladora. El encargo incorpora además un estudio técnico y económico sobre la posible implantación de un sistema de estacionamiento regulado.

Las Palmas y Santa Lucía mantienen sus proyectos en marcha

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio ya tenía el proyecto elaborado cuando terminó la fiscalización, aunque todavía no había iniciado el procedimiento de aprobación. Desde entonces, la capital grancanaria ha continuado trabajando en la futura ZBE de Las Alcaravaneras, con actuaciones de participación y medición de la calidad del aire y el ruido.

Asimismo, en Santa Lucía de Tirajana, a pesar de constar que ha recibido 1,87 millones de euros en ayudas, la mayor cantidad entre los diez municipios analizados, el avance se encuentra todavía en una fase previa. El municipio estaba elaborando su proyecto cuando terminó la fiscalización y en junio de 2026 reunió a comerciantes, taxistas y vecinos en la Mesa de Movilidad para avanzar en la implantación mediante un proceso participativo. El propio Ayuntamiento señaló entonces que la ZBE todavía no se había implantado.