Canarias avanza hacia un modelo más ágil para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de dependencia. El Decreto-ley 5/2026 simplifica los procedimientos de puesta en funcionamiento y acreditación de centros y servicios, manteniendo los mecanismos públicos de control, inspección y los requisitos de calidad exigidos para formar parte del sistema.

La nueva normativa también permitirá crear y financiar recursos cuando exista insuficiencia de plazas, demoras o desequilibrios territoriales, reforzando la cooperación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos. El objetivo es transformar con mayor rapidez los derechos reconocidos en una atención efectiva para las personas dependientes y sus familias.