De las 2.362 denuncias que presentaron los ciudadanos, la mayor parte se referían a empresas del sector de las telecomunicaciones, a entidades financieras y a sistemas de videovigilancia.

Las quejas en telecomunicaciones se fundamentan sobre todo en la recepción de spam (publicidad no deseada) telefónico y en la incorporación a servicios de tarificación adicional sin consentimiento previo; las de los bancos se centran en la inclusión en los ficheros de morosidad o en el incumplimiento el deber del secreto con el cliente; y las de videovigilancia por considerar que se trata de una intromisión en la intimidad y la privacidad.