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La actividad minera constituye una de las profesiones más arriesgadas, lo que exige de todas las partes involucradas, administraciones públicas, empresas y trabajadores, la mayor atención y esfuerzo para lograr que se trate de un riesgo controlado, en el sentido de que se conozcan perfectamente las causas que lo provocan y sea posible que la actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención. Por esto se busca fomentar la formación de los trabajadores junto con el fomento de las inversiones en materia de seguridad minera por parte de las empresas.